SOBRE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

Por: Leopoldo Rodríguez Aranda

América Latina tiene una historia terrible de dictaduras militares. En la región los ejércitos han marcado una secuela de riesgos. El tránsito del Estado Policía (militar) al Estado civil democrático no ha sido nada fácil. Las iniciativas que se discuten en el Senado sobre la Ley de Seguridad Interior huelen a ese riesgo inminente de que el sector militar comience por asumir tareas civiles en materia de seguridad, para después pasar a ocupar otras funciones de gobernabilidad que conllevan el riesgo de matar la democracia.

Aunado a lo anterior, que es el riesgo más grave y que pocos se atreven a mencionar, están los problemas serios de diseño institucional que hacen que nuestras áreas de seguridad, en particular el sistema de justicia penal (policías, fiscales/ministerios públicos, jueces y prisiones) tengan una seria deficiencia en las funciones que cumplen y esas fallas se atribuyen principalmente a las policías. Grave error de apreciación. El nudo central está en la subordinación que tienen esas instituciones a los intereses políticos y a los poderes a los que sirven, en particular, a los Poderes ejecutivos. El problema no es que las policías estén infiltradas por la delincuencia organizada o que los Ayuntamientos tengan pocas capacidades para afrontar el tema de la seguridad, el verdadero problema es la incapacidad de nuestra clase política por escapar de la trampa que ellos mismos crearon al unir a la política con la delincuencia organizada, en particular, con los delitos de tráfico (drogas, personas y mercancías).

Y para hacer más complejo el problema está en el asunto de la baja capacidad institucional de nuestras policías, fiscales, jueces y, peor aún, el terrible desempeño que tienen nuestras prisiones en materia de reinserción social. El problema entonces, además del maridaje entre política y delito, está en que el sistema de justicia penal no cumple en forma eficaz y eficiente con sus funciones, no solo porque no tiene las capacidades institucionales, sino también porque no puede hacerlo ya que responde a los intereses de la clase política, sí, esa misma que está coludida con la delincuencia organizada. Y todo ello lo quieren resolver con otorgarle a los militares facultades en materia de seguridad e investigación delictiva. El terreno está puesto para sembrar el veneno que matará la institucionalidad democrática.